La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la capacidad de los Gobiernos latinoamericanos para proteger a sus habitantes y evitar lo más rápido posible una propagación que termine por colapsar los sistemas de salud.
Mientras algunos países optaron por el cierre de fronteras, la declaración de cuarentena y de emergencia sanitaria, los recientes motines ocurridos en distintas cárceles de la región fueron una llamada de alerta y un grito de auxilio hacia las autoridades ante una realidad: el coronavirus podría llegar hasta las prisiones y afectar a la población carcelaria.
Con cerca de un millón y medio de personas en prisión, América Latina tiene una tasa de encarcelamiento de 241 internos por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo, según ha documentado el Instituto Igarapé. La sobrepoblación penitenciaria trae consigo condiciones inhumanas, que se podrían agravar si se confirman casos de coronavirus al interior de las prisiones.
En un reciente mensaje, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, recordó que como consecuencia de la sobrepoblación en las prisiones en muchos países, los internos se encuentran en “condiciones higiénicas deplorables” y que los servicios de salud suelen ser “deficientes o inexistentes”. “En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles“, advirtió.
La situación en las prisiones es aún más complicada porque, como explicó la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reciente informe, “es más probable que las personas privadas de su libertad […], sean más vulnerables al brote del coronavirus que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que viven juntos por un prolongado periodo de tiempo”.
El organismo también señaló que los internos tiene peores condiciones de salud, como débiles sistemas inmunológicos, mala alimentación, estrés y enfermedades, que la población en libertad. Ante la llamada de alerta por el coronavirus que ha paralizado al mundo entero, ¿qué están haciendo los países de la región para proteger a los internos y evitar los contagios al interior de las prisiones?
Argentina
Entre el lunes 23 y martes 24, se registraron motines en tres cárceles de la provincia de Santa Fe, que dejaron cinco muertos y varios heridos, de acuerdo con medios locales. En Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, también se registró una revuelta en una prisión local, que dejó cuatro muertos.
En los distintos penales, separados por 300 kilómetros de distancia, los motines ocurrieron por la cancelación de las visitas familiares como medida de prevención sanitaria ante el coronavirus.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informaron que se realizarán campañas de difusión masiva de información para las personas privadas de la libertad, el personal y las visitas; reforzarán la provisión de elementos de higiene y limpieza en los penales; capacitarán a los funcionarios; y evitarán la concentración de personas, entre otras medidas.
Brasil
A mediados de marzo, se reportaron motines en cuatro prisiones del estado de Sao Paulo, en Brasil, que dejaron 1.375 reos fugados. Tras la movilización de las fuerzas de seguridad, las autoridades lograron la captura de 720 de ellos. Los incidentes en los penales de Mongaguá, Porto Feliz, Tremembé y Mirandópolis ocurrieron después de que el Departamento de Justicia de Asuntos Internos decidió suspender temporalmente la salida de los internos en régimen semiabierto, con lo que ya no podrían ir a estudiar o trabajar durante el día.
En las prisiones de otros estados brasileños, las autoridades también ordenaron la suspensión total de las visitas. El Departamento Penitenciario Nacional (Depen) autorizó esta medida en nueve penales de la región del noreste.
Con el objetivo de hacer frente al coronavirus, el Depen también realizó “compras de emergencia de suministros médicos y hospitalarios” para coordinar las acciones de control y prevención del virus covid-19, como la compra de alcohol en gel y mascarillas.
Colombia
El sábado 21, hubo motines en 17 cárceles colombianas. En el centro penitenciario La Modelo, en Bogotá, se registró un intento de fuga que terminó con un saldo de 23 internos muertos, 83 heridos y siete custodios lesionados.
Medios publicaron que detrás de esos incidentes estaba el miedo de los internos ante las escasas medidas de las autoridades para proteger a la población penitenciaria en medio de la pandemia. No obstante, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, declaró que se había tratado de un “plan criminal de fugas”.
“No hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni del cuerpo administrativo de custodia, que tenga coronavirus”, dijo Cabello, en un intento por apagar el miedo al interior de las prisiones.
El pasado lunes, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de Colombia decretaron emergencia penitenciaria y carcelaria en el país. Más allá de algunas medidas administrativas para disponer de recursos y agilizar la toma de decisiones, el Gobierno de Iván Duque busca reducir el hacinamiento en las prisiones mediante la implementación de prisión domiciliaria para mayores de 60 años —que no estén condenados por delitos graves—, personas enfermas o madres gestantes.
Según declaró a Blu Radio el director del Inpec, Norberto Mujica, con esta medida podrían beneficiarse entre 8.000 y 10.000 personas privadas de su libertad.
Chile
El Gobierno de Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, presentó un proyecto de ley para otorgar el beneficio de prisión en casa a personas mayores de 75 años.
En el caso de las personas de entre 65 y 74 años, para obtener el “indulto” deberán llevar cumplida la mitad de la condena y que les resten menos de 36 meses de pena; mientras que las mujeres embarazadas, con hijos pequeños e internos en reclusión nocturna, deben cumplir un tercio de la condena y que les falten menos de tres años para salir de prisión.
Con esta medida, el Gobierno chileno espera beneficiar a 1.300 personas en prisión.
México
El Sistema Penitenciario de Ciudad de México anunció una reducción del 50 % en las visitas a 13 penales para proteger a las personas tanto al interior —reos y custodios— como al exterior —familiares y proveedores—.
Además de ordenar las visitas para evitar conglomeraciones, se dispuso de filtros sanitarios y se instó a la población vulnerable —adultos mayores y mujeres embarazadas— a no acudir a los centros de reclusión.
Asimismo, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz, informó que realizarán diariamente jornadas de limpieza y sanitización en los penales como medida de prevención.
Otras medidas
Las acciones que han tomado países como Colombia y Chile podrían ayudar a reducir el hacinamiento en las cárceles, una constante en la región. No obstante, la OMS advierte que la implementación de medidas no privativas de libertad no son suficientes.
El organismo insta a los países a informar debidamente en los penales sobre las medidas de protección contra el coronavirus; evitar concentraciones de personas; reubicar a los reos de alto riesgo; permitir alojamiento individual para los más vulnerables; y proporcionar apoyo emocional y psicológico a los internos.
Desde la OMS advierten a las autoridades que al suspender o restringir las visitas deben considerar la salud mental de los reos. Como recomendación, instan a los países a asegurarse que los internos continúen en contacto con sus familiares, garantizando las videollamadas en caso de ser necesarias.
José Beltrán
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